BITÁCORA DE BENEDITO

He quedado estupefacto ante dos hechos que demuestran la disociación, una vez más, entre las leyes y la realidad y, por otro lado, la necesidad de inhabilitar a nuestros políticos por su incapacidad para estructurar un sistema educativo estable y progresista .

Uno es la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público, que impedirá acceder a la función pública a los españoles que no posean el graduado escolar, es decir a un 30% de los actuales jóvenes. Miren, miren su artículo 76 y opinen.

Este hecho es brutalmente segregador. Los legisladores desconocen que, gracias a las sucesivas leyes educativas partidistas de la democracia (LOGSE, LOCE y LOE), el 30% de la población escolar no obtiene el graduado escolar y no posee título alguno.

El segundo hecho es el proyecto de implantación de un curso puente en el Bachillerato de la LOE. Esto constituye un auténtico fraude de ley. Si los legisladores piensan que el Bachillerato que diseñaron en la LOE es mejorable, lo que procede, por higiene democrática, es modificar la ley y no inventarse soluciones ingeniosas.

A la vista de lo anterior, ¿no sería oportuno y sensato que PSOE y PP pactasen una ley de educación, verdaderamente progresista, y dejaran al margen a los catedráticos de psicología evolutiva, pedagogos integristas o ingenuos y profesores y maestros nostálgicos de la autoridad (en realidad, de su poder absoluto) en el aula? Sí, lo sería.